Este 15 de abril el Poder Judicial ha adelantado el fallo de su decisión contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como contra otros involucrados por el delito de lavado de activos en su modalidad agravada por aportes ilícitos al Partido Nacionalista, provenientes del gobierno venezolano de Hugo Chávez y de la empresa constructora Odebrecht en las campañas electorales de los años 2006 y 2011, respectivamente.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional integrado por los jueces Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdeiglesias y Juana Caballero García ha condenado a la ex pareja presidencial con una pena privativa de libertad de 15 años, la cual deberá ejecutarse de forma provisional como contrapartida al criterio normativo de suspensión de la ejecución de la pena de primera instancia.

Entre los tópicos más interesantes para tratarse en esta sentencia se encuentran la prueba en la actividad criminal previa, la sanción de una multa a la persona jurídica (Partida Nacionalista) como consecuencia de su “instrumentalización” en el camino de su funcionamiento; además, constituye la primera sentencia condenatoria por lavado de activos asociada al financiamiento ilegal de partidos políticos.

En cuanto al dinero proveniente del gobierno venezolano de Hugo Chávez, el Colegiado ha precisado que la Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado que la compañía venezolana de inversiones Kayazamak envió dinero a las cuentas de la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón, y de su amiga Rocío Calderón desde Estados Unidos al Perú; dinero que finalmente retiraron y fue transferido a la cuenta BCP de Nadine Heredia. Las operaciones de blanqueo que finalmente soportaría la tesis fiscal sería aquella vinculada a un contrato ficticio entre la ex primera dama y la empresa Apoyo Total. En base a ello, la judicatura estableció que hubo dinero ilícito que ingresó a la campaña del Partido Nacionalista para la campaña del 2006, por lo que se estableció quela ex pareja y otros involucrados “realizaron coordinaciones” para darle legitimidad al dinero proveniente de Venezuela para la campaña presidencial del año 2006.

Un aspecto interesante es el voto en discordia por uno de los miembros del Colegiado en cuanto a la fuente de ilicitud de los aportes al Partido Nacionalista para la campaña 2006. El voto por mayoría de los jueces sostiene que la fuente de ilicitud proviene de situaciones características del proceso de lavado de activos relacionadas a la entrega de dinero de manera subrepticia, lo cual resulta contrario a las formalidades que se debería cumplir si el dinero fuera de origen lícito, asimismo, se asocia la procedencia ilícita de la fuente con la institucionalidad del gobierno venezolano de aquella época.

Por otro lado, para la campaña presidencial del año 2011, la empresa Odebrecht habría entregado dinero ilícito a la expareja presidencial, tesis relacionada al lavado de activos que la Fiscalía ha atribuido a Ollanta Humala y Nadine Heredia por ocultar que recibieron tres millones de dólares de la empresa Odebrecht.

Entre las personas comprendidas en el proceso, el tribunal absolvió al excongresista Santiago Gastañadui y a la acusada Maribel Vela Arévalo como cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado, además, dispuso la disolución de la persona jurídica Todo Graph S. A. C., por haber sido instrumentalizada para cometer actos ilícitos, mientras que el Partido Nacionalista Peruano fue sancionado con una multa de 100 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Entre los medios probatorios más resaltantes se encuentran un total de 220 testigos propuestos por la Fiscalía y la defensa, quienes acudieron para brindar su testimonio. Respecto a la campaña electoral del 2006, el tribunal determinó que no se reconoció un total de 1 millón 574 mil soles, que supuestamente fueron aportados a la campaña electoral de ese año, además de que 57 testigos dijeron no haber realizados aportes, tal como reportó el partido político que lideraba Ollanta Humala.

De igual manera, para la campaña del año 2011, el Colegiado encontró que un total de 4 millones 329 mil 370 soles en aportes no fueron reconocidos por los testigos, supuestos aportantes, en aquella campaña electoral.

En cuanto a la reparación civil, el Colegiado ha impuesto el pago de una reparación civil ascendente a 10 millones de soles a efectos de compensar el daño causado al Estado por los delitos sancionados en el presente proceso judicial.

El expresidente Ollanta Humala ha sido trasladado al penal de Barbadillo, mientras que el Colegiado ha ordenado la captura de Nadine Heredia para hacer efectiva la sanción impuesta por la judicatura; para dichos efectos, la Policía se trasladó al domicilio de la ex primera dama para hacer efectiva la captura, pese a que se encuentra pendiente la lectura integral de la lectura para este 29 de abril, no obstante,  Nadine Heredia ingresó  a la Embajada de Brasil para solicitar asilo diplomático al gobierno brasileño, ante lo que el gobierno del presidente Lula Da Silva ha aceptado el asilo diplomático en virtud de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Frente a lo cual el Estado Peruano ha brindado un salvoconducto para la salida del territorio nacional de Nadine Heredia junto a su menor hijo en horas de la madrugada en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña.

Las defensas de los sentenciados han indicado que esperarán la lectura integral de la sentencia para interponer los recursos de apelación correspondientes. Como contrapartida, el Fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo especial Lava Jato, ha remarcado la sentencia como “histórica”.

La pena impuesta por el Poder Judicial compone la inhabilitación judicial para Ollanta Humala, Nadine Heredia e Ilan Heredia para ocupar cargos públicos, la inhabilitación para ejercer cargos públicos refuerza la gravedad de la sentencia, impidiendo a los condenados participar en futuros procesos electorales o asumir responsabilidades en la administración pública durante el tiempo que dure su condena.

De esa forma se suman tres ex presidentes del Perú sentenciados en las últimas décadas, lo que evidencia una grave crisis de ética e institucionalidad a cargo de nuestros gobernantes.