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(Resolución SMV N.º 013-2026 – SMV/01)

El pasado 06 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SMV N.° 013-2026-SMV/01, mediante la cual la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó modificaciones integrales al Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), aprobado por la Resolución CONASEV N.° 031-99-EF/94.10, y a las Normas Comunes a las Entidades que requieren autorización de Organización y Funcionamiento de la SMV (Resolución SMV N.° 039-2016-SMV/01). Esta reforma constituye uno de los hitos regulatorios relevantes del sistema financiero peruano en los últimos años, al incorporar formalmente el modelo operativo de Entidades de Contraparte Central (ECC) y adecuar la post-negociación bursátil a los estándares internacionales promovidos por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta norma ya que contiene una serie de medidas y directrices sobre gestión de compliance normativo: 

  1. Restructuración de la Post- Negociación Bursátil 

La norma prioriza la regulación sistemática de las Entidades de Contraparte Central (ECC), permitiendo que la ICLV (como CAVALI S.A. ICLV) asuman la función de sustitución procesal e interposición jurídica en la liquidación de valores. A través de la figura dogmática de la novación sustentada en el Código Civil peruano, la ECC se interpone entre el comprador y el vendedor de una operación bursátil admitida, extinguiendo la relación obligacional originaria y convirtiéndose en compradora de todo vendedor y vendedora de todo comprador.

Este cambio estructural desarticula el riesgo de contraparte bilateral, impidiendo que el incumplimiento individual de un participante genere un colapso en cadena en el mercado de fondos y valores. No obstante, al centralizar todo el riesgo de liquidación en la ECC, la normativa impone un estándar técnico extremo de gobernanza de riesgos, liquidez intradiaria y salvaguardas patrimoniales que transforma de manera directa la gestión de cumplimiento de los actores del mercado. 

  1. Puntos claves de la modificación regulatoria

Esta norma sostiene unas reformas claves para los sistemas de prevención de delitos (compliance) de los actores financieros. La centralización del riesgo a través de la ECC exige que los modelos de prevención no solo mitiguen riesgos operativos, sino que garanticen la trazabilidad absoluta del origen de los fondos, la observancia de los deberes de reserva e idoneidad ética de los directivos, y el control estricto del uso de garantías para evitar imputaciones de delincuencia económica o corporativa. 

  • Aislación de Riesgos por Novación e Interposición (Artículos 121 y 121.2): Se establece que la admisión de la operación por la ECC sustituye automáticamente la relación jurídica entre los operadores primarios, garantizando la irrevocabilidad de la compensación.  
  • Gobernanza Institucional y Comités Especializados (Articulo 123): Se exige a la ECC contar con un Directorio con miembros independientes de carácter permanente, un Comité de Riesgos (presidido por un director independiente e integrado por representantes de los Participantes Directos Compensadores) y un Comité de Auditoría encargado de vigilar la observancia normativa de forma trimestral; sobre las evaluaciones realizadas como vulnerabilidades u observaciones identificadas.  
  • Segregación Estricta y Movilidad de Activos de Clientes (Articulo 132): Las ECC y los Participantes Compensadores deben diferenciar y blindar contable y operativamente las cuentas y garantías de clientes respecto de las posiciones propias. Asimismo, se regula la movilidad de posiciones y garantías hacia otros participantes ante escenarios de insolvencia o incumplimiento de un participante.
  • Gestión Prudencial de Liquidez y Crédito (Artículos 134 y 135): La ECC debe cuantificar diariamente sus necesidades de liquidez bajo escenarios de tensión extrema (Stress Testing), incluyendo el incumplimiento simultáneo de los participantes que generen la mayor obligación de liquidación agregada. Además, debe mantener recursos financieros propios diferenciados de su capital mínimo para absorber pérdidas en caso de fallas del mercado. 
  • Interoperabilidad Transfronteriza (Artículos 138 a 141): Se autoriza la firma de acuerdos de interoperabilidad con contrapartes centrales del exterior supervisadas por autoridades firmantes del Memorando Multilateral de Entendimiento de IOSCO, dinamizando la integración transfronteriza y protegiendo el mercado local de contagios financieros.
  1. Repercusiones en materia Penal y Compliance

Desde la perspectiva en materia de prevención de delitos financieros y responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley N.° 30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho transnacional”) la Resolución SMV N.° 013-2026-SMV/01 genera un impacto directo en tres frentes operacionales:

  1. Blindaje del SPLAFT y prevención de lavado de activos

El artículo 36.1 literal n) del reglamento ratifica la obligación imperativa de los Participantes de cumplir con la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al introducirse las cuentas agregadas de terceros y la operatividad con infraestructuras extranjeras (artículo 106), los Oficiales de Cumplimiento de las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), Bancos Liquidadores y la propia ICLV deben reforzar los controles de Debida Diligencia para la identificación del beneficiario final. La negligencia en el monitoreo de fondos que transitan por la ECC puede ser instrumentalizada para la canalización de macrorrecursos ilícitos, exponiendo a la persona jurídica a investigaciones bajo el Decreto Legislativo N.° 1106 – “Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”.

  1. Prevención de delitos financieros y administración fraudulenta

En los artículos 82.6 y 142 consagran de manera expresa que los fondos de propiedad de terceros destinados a la liquidación, garantización o cobro de beneficios no constituyen recursos propios de la ICLV ni de los Participantes y no forman parte del patrimonio en liquidación ante eventuales insolvencias. La distracción, mezcla no autorizada o utilización indebida de estos activos de terceros para cubrir márgenes de garantía propios configura directamente el tipo penal de Administración Fraudulenta (artículo 198 del Código Penal) o Apropiación Ilícita (artículo 190 del Código Penal), activando de forma contingente la responsabilidad de los directores, gerentes y la supervisión de los Comités de Riesgos. 

  1. Repercusión procesal e intangibilidad de fondos bursátiles y medidas cautelares

El artículo 82.5 otorga una garantía de inembargabilidad procesal sobre los fondos de propiedad de clientes y titulares destinados a la liquidación y coberturas de riesgo, impidiendo que sean objeto de medida cautelar alguna durante el proceso de compensación. Procesalmente, esta disposición delimita el alcance de los embargos e incautaciones decretados en el marco de investigaciones fiscales por crimen organizado o delitos económicos, protegiendo la liquidez de la infraestructura post-negociación sin perjuicio de las persecuciones penales dirigidas sobre las cuentas finales del investigado.

Desde una perspectiva analítica, la Resolución SMV N.° 013-2026-SMV/01 complementa de manera directa el marco sustantivo de la Ley del Mercado de Valores, dotando a la Superintendencia del Mercado de Valores y a las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) de la reglamentación operativa necesaria para ejecutar la interposición por novación y los procedimientos de control de riesgo de contraparte en el sistema bursátil. No obstante, desde el punto de vista de las entidades privadas del sector financiero (especialmente de las Sociedades Agentes de Bolsa, Bancos Liquidadores y CAVALI S.A. ICLV), esta norma impone el deber de adecuar sus reglamentos internos, esquemas de garantías y sistemas de prevención de delitos (compliance) frente a los requerimientos de la autoridad de forma inmediata.

La Resolución SMV N.° 013-2026-SMV/01 es importante porque refuerza la necesidad de garantizar el control efectivo del riesgo sistémico, mitigar y neutralizar la vulnerabilidad de incumplimientos e insolvencias en el mercado de valores. De este modo, estas medidas de intervención e infraestructura de post-negociación robustecen la gestión de riesgos en el sistema financiero, pues no solo dotan de estabilidad y eficiencia a las operaciones locales, sino que impactan directamente en la competitividad e integración transfronteriza al blindar la trazabilidad de los fondos y elevar los estándares de protección patrimonial frente a riesgos de delincuencia económica.

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