El Decreto Legislativo 1744, busca fortalecer la respuesta penal frente a la criminalidad violenta, informática y organizada. Es así que, el legislador ha ampliado las herramientas de persecución, pero también plantean límites que la práctica deberá precisar.
1. Artículo 221-A del NCPP: incautación de armas de fuego y materiales relacionados
Se incorpora una regulación específica para las armas, municiones, explosivos y accesorios hallados en una investigación. La incautación debe constar en un acta que describa cada bien (tipo, marca, modelo, calibre, serie, modificaciones, estado y cantidad), con registro fotográfico o audiovisual y con inicio inmediato de la cadena de custodia. La Policía debe comunicarla al fiscal dentro de las 24 horas, y en el mismo plazo debe informarse a la Sucamec.
Es una medida acertada. Hasta ahora, el tratamiento de las armas incautadas dependía de las reglas generales, lo que generaba actas incompletas y dudas sobre la identidad del arma peritada. La norma fija un estándar mínimo de documentación que beneficia tanto a la investigación como a la defensa: un acta sin los datos exigidos, sin registro audiovisual o con una cadena de custodia tardía permite cuestionar la fiabilidad de la evidencia y de las pericias posteriores.
Debe advertirse, además, que la comunicación a la Sucamec abre una vía administrativa paralela, como la suspensión o cancelación de la licencia, que el titular del arma deberá atender junto con el proceso penal.
2. Artículo 266, numeral 1, del NCPP: detención judicial en flagrancia
Se mantiene el plazo general de la detención de hasta siete días y el especial de hasta 15 para extorsión, sicariato, secuestro y organizaciones criminales. La novedad es que, en el delito de reingreso clandestino o ilegal, el fiscal debe requerir en forma obligatoria la detención judicial en flagrancia, hasta por 10.
El cambio es cuestionable desde la proporcionalidad. El reingreso clandestino o ilegal se sanciona con penas de 2 a 5 años en su tipo base, y de 3 a 6 o de 4 a 7 años en sus formas agravadas, muy por debajo de los delitos que justifican el plazo de 15. Aun así, recibe un plazo mayor que la regla general y un requerimiento fiscal obligatorio que no existe para delitos más graves.
Con todo, la obligatoriedad recae en el fiscal, no en el juez. El propio numeral 1 exige que «por las circunstancias del caso se desprenda cierta posibilidad de peligro procesal». Por tanto, el juez conserva el deber de evaluar en cada caso el peligro procesal y la necesidad del plazo, y la defensa puede oponerse cuando no se acrediten. El carácter obligatorio del requerimiento no puede convertir la detención en automática.
3. Artículo 2 de la Ley N.° 30096: acceso ilícito agravado
El acceso ilícito agravado, sancionado con 3 a 6 años de pena privativa de libertad y 80 a 120 días-multa, ya no se limita al acceso que vulnera medidas de seguridad. Ahora comprende también el acceso «mediante la utilización no autorizada de credenciales de autenticación, códigos de verificación u otros mecanismos destinados a verificar la identidad del usuario». La pena no varía.
La modificación responde a la realidad de los fraudes actuales. En el phishing o en las llamadas y mensajes falsos, el agente no rompe ninguna barrera técnica: obtiene la contraseña o el código de verificación de la víctima mediante engaño. Antes, esta conducta podía quedar en el tipo base; ahora se sanciona con la pena agravada.
Su redacción, sin embargo, es amplia. La «utilización no autorizada» de credenciales también alcanzaría, por ejemplo, al trabajador que usa la contraseña de un compañero sin permiso. Por ello, será indispensable acreditar que el acceso fue deliberado e ilegítimo, y no una simple infracción de políticas internas. Además, esta figura concurrirá con frecuencia con el fraude informático y la suplantación de identidad,lo que exigirá aplicar correctamente las reglas del concurso de delitos.
4. Artículo 11 de la Ley N.° 30096: agravantes de los delitos informáticos
Se reestructuran las agravantes:
| Agravante | Antes | Ahora |
| Integrante de organización criminal | Hasta un tercio | Hasta una mitad |
| Intervención de dos o más personas | — | Hasta un tercio |
| Afectación de activos críticos nacionales | — | Hasta un tercio |
| Utilización de una persona jurídica | — | Hasta un tercio |
Se mantiene la agravante por el empleo de inteligencia artificial o tecnologías similares, que ya estaba vigente.
El aumento por pertenencia a una organización criminal es coherente con la gravedad de estas estructuras, pero obliga a cuidar la doble valoración. Si al agente también se le imputa el delito de organización criminal,la misma circunstancia no puede usarse 2 veces para agravar la pena.
El mismo riesgo existe, con mayor intensidad, en la agravante por «intervención de dos o más personas». Basta la coautoría o la participación de otra persona, sin exigir una estructura organizada, lo que puede superponerse con el delito de banda criminal. A ello se suma que el decreto no define «activos críticos nacionales», de modo que su alcance dependerá de la normativa administrativa y deberá interpretarse de forma restrictiva.
Finalmente, la agravante por «utilización de una persona jurídica» tiene especial relevancia para las empresas. Recae sobre la persona natural que se vale de la empresa para cometer el delito, y puede concurrir con las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal sobre la propia sociedad. Por ello, contar con controles internos sobre accesos, cuentas y sistemas no es solo una buena práctica, sino una forma de evitar que la estructura empresarial sea utilizada para delinquir.
