Últimamente, la presentación del Proyecto de Ley N.º 1007/2024-CR realizada por Ruth Luque Ibarra, miembro del Bloque Democrático Popular, generó múltiples perspectivas sobre la protección de los defensores públicos y su función en el sistema judicial. El proyecto persigue la tutela de los defensores públicos que desempeñan un papel importante en garantizar el acceso a la justicia para los grupos más vulnerables de la sociedad, a través de la modificación de los artículos 121° y 122° del Código Penal.
La necesidad de una protección especial para los defensores públicos surge en su naturaleza. Dado que se encargan de la defensa de las personas sin recursos para costearse un abogado privado, están expuestos a situaciones de riesgo u hostilidad por parte de quienes, en el proceso judicial, ven afectadas sus pretensiones. Para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las funciones de este grupo vulnerable dentro del sistema, el Proyecto de Ley plantea fortalecer la pena a sus agresores mientras ejercen su función. La pena por lesiones graves, después de la modificación propuesta, podría aumentar hasta 6 y 12 de prisión, y si la lesión provocara la muerte de la víctima, podría llegar a los veinte años.
Actualmente, si bien el código penal ya cuenta con protección especial para funcionarios jurídicos, como jueces y fiscales, la normativa vigente carece de protección para defensores públicos. Los defensores públicos también pueden ser blanco de represalias de personas u organizaciones criminales, que buscan intimidarlos para que no ejerzan su función y de amenazas de terceros, o hasta los propios procesados, interesados en la resolución del caso, además de que puede generar reacciones violentas en personas cercanas a los participantes de los casos que intervienen. Lo que este proyecto busca es equiparar su tutela con la de los otros operadores fundamentales en la justicia y corregir la omisión del marco normativo que permite que se produzcan agresiones que no sean sancionadas con la severidad necesaria. El Estado debe de garantizar un entorno seguro y equitativo para todos los operadores del sistema de justicia público. La función que desempeñan los defensores públicos es esencial para que todos tengan acceso a la justicia y así fortalecer la defensa de los derechos de los ciudadanos, por lo que su protección se justifica en un sistema de defensa pública sólido y libre de intimidaciones.
En un contexto jurídico, es vital examinar la viabilidad de su implementación y el efecto que podría tener en la práctica judicial, en particular en lo que respecta a la proporcionalidad de las sanciones y su armonización con otros tipos penales ya existentes. Por otro lado, la discusión acerca de este Proyecto de Ley se fundamenta en el nivel de riesgo y vulnerabilidad de los defensores públicos en relación a otros funcionarios que ya gozan de protección especial asegurada por el Código Penal. Esto genera una interrogante sobre si la reforma debería extenderse a otros profesionales del sistema judicial que podrían ser vistos como vulnerables.
El próximo debate en el Congreso acerca de este proyecto otorgará un análisis detallado de las razones a favor y en contra de esta reforma penal. La incorporación de nuevas agravantes en el Código Penal debe de pasar por un previo estudio minucioso del contexto y su influencia en la persecución del delito, evitando la creación de regulaciones de aplicación complicada o que puedan originar vacíos normativos.
