El congresista Luis Kamiche Morante, del grupo parlamentarioAlianza Para El Progreso, dio una propuesta legislativa de la que surgió un debate en torno a la lucha contra la delincuencia organizada dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. El Proyecto de Ley N.º 10127 busca incorporar el artículo 315-c en el Código Penal, que establece penas severas para quienes utilicen métodos terroristas con fines delictivos, incluyendo la cadena perpetua para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
La razón de la propuesta es la necesidad de fortalecer la pena frente a delitos que, por su gravedad, generan alarma social y comprometen a la seguridad ciudadana. El uso de armamento, explosivos u otros medios de violencia justificaría que el ordenamiento penal ponga sanciones más drásticas, incluyendo una pena privativa de libertad no menor de 35 años. Esta medida no solo afectaría a quienes empleen métodos terroristas, sino que también establecería penas más graves, como cadena perpetua, si el autor de los hechos es un miembro activo de las FF. AA. o la PNP, si el acto involucra a menores de edad, o si está relacionado con la minería o tala ilegal.
No obstante, el Proyecto de Ley N.º 10127 ha generado discusiones acerca de los límites de la implementación del derecho penal en el marco de la seguridad pública. Por un lado, la propuesta parece reforzar la persecución de quienes utilizan recursos de las Fuerzas Armadas o la Policía como métodos violentos para perturbar la paz pública. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, la clasificación del delito como «utilización de técnicas terroristas con fines delictivos» genera cuestionamientos acerca de la definición de los términos empleados, especialmente el de «medios terroristas», ya que su interpretación podría llevar a decisiones que infrinjan principios esenciales del derecho penal, como los de legalidad y proporcionalidad. Aunque la aplicación de métodos terroristas resulte devastadora para la sociedad, la ley sugerida podría causar polémica en situaciones donde los comportamientos de los involucrados no estén directamente relacionados con grupos terroristas organizados, sino con actos de delincuencia común.
La aprobación de este proyecto de ley establecería un precedente en la ley penal del Perú, fortaleciendo una postura de tolerancia cero hacia la delincuencia en las fuerzas de seguridad, pero también dando lugar a una discusión sobre las fronteras del poder punitivo del Estado y la relevancia de asegurar un proceso penal equitativo y respetuoso de los derechos básicos. El debate sobre este proyecto y su revisión posterior por el Congreso surge como una oportunidad para valorar la adecuación de las sanciones a los propósitos de prevención del delito y conservación de la paz pública, sin olvidar el respeto a las garantías constitucionales y los derechos de los individuos en el proceso.
