Con el reinicio del juicio oral del expresidente Martín Vizcarra, acusado por cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, hubo un auge de un renovado interés en los límites del debido proceso y la importancia de la protección de las garantías constitucionales en procesos penales de alta relevancia. Los presuntos actos de corrupción durante la gestión de Vizcarra como gobernador de Moquegua, cuestiona el rol de los jueces y fiscales cuando se trata de la preservación del derecho a la defensa y la adecuada valoración probatoria.

El juicio fue iniciado el día 28 de octubre del año 2024 y ha tenido una gran diversidad de pruebas y testimonios que intentan aclarar los presuntos pagos de sobornos que habrían beneficiado a los consorcios encabezados por Obrainsa e ICCGSA. El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, conformado por la jueza Fernanda Nassif y los magistrados Giovanni Palma y Lorena Sandoval, tiene la tarea de equilibrar las exigencias de celeridad procesal sin sobrepasar los límites del debido proceso.

El fiscal German Juárez Atoche solicita una sentencia de quince años de cárcel y nueve años de inhabilitación, además la Procuraduría solicita una compensación civil de S/4.2 millones. Las compañías Incot, Astaldi, Obrainsa e ICCGSA se presentan como terceros civiles implicados en este proceso, lo que aporta una dimensión corporativa al análisis legal.

Por su parte, la tesis fiscal se basa en testimonios de colaboradores eficaces, testimonios técnicos y peritajes. En Lomas de Ilo se sostiene que Vizcarra habría pedido un 2% del costo directo del proyecto Obrainsa-Astaldi para que la empresa se beneficie y en el caso del Hospital de Moquegua, los testimonios relacionan al exmandatario con un supuesto pago de S/1 300 000 administrado por intermediarios. Teniendo en cuenta que la mayor parte de evidencias vienen de colaboradores eficaces, las pruebas serán objeto de arduo debate entre la defensa y el Ministerio Público.

Este proceso no solo involucra a un expresidente, sino también a consorcios empresariales de relevancia. La justicia tiene el reto de fortalecerse sin dejar de lado el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.