La oficina de imagen institucional del Ministerio Público ha publicado recientemente el Boletín Oficial N.° 28, dando a conocer sus recientes novedades y resultados de la segunda semana de julio del presente año. Lo más resaltante es la alerta de la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) en atención a las últimas modificatorias legales a la Ley sobre el Crimen Organizado relacionado al procesamiento para delitos no menores de 05 años en su extremo mínimo, por lo que, pese a que el delito de minería ilegal está directamente asociada al crimen organizado, dicho dispositivo legal impide que los casos de minería ilegal se procesen penalmente en el marco de organizaciones criminales, distanciándose no solo de la realidad criminológica, sino también de la complejidad que amerita una investigación de esta magnitud debido a los ingentes capitales que circulan, además del marco operativo de distribución de maquinarias y capitales humanos que intervienen en esta clase de operaciones. Así también, desde el Ministerio Público se ha cuestionado las modificatorias a la Ley de Extinción de Dominio debido a la necesidad de contar con una sentencia condenatoria en estado de firmeza para trasladar dichos bienes a la esfera de dominio del Estado, pese a que existen escenarios donde resulta patente la instrumentalización de dichos activos para la comisión de delitos graves.
Aunado a ello, si bien el delito de minería ilegal resulta ser el delito postulado a la palestra debido al atractivo que genera por su gran provecho económico, no obstante, continúa habiendo resultados en la protección del medioambiente vinculados a la protección de la flora y la fauna, verbigracia, en Requena (Loreto), la Fiscalía logró la captura de un implicado en la muerte de un otorongo[1].
El impacto económico y medioambiental que genera la minería ilegal actualmente es de especial atención, puesto que el relajamiento de las sanciones de índole penal, la sencilla incorporación a un proceso de formalización (REINFO), así como las ampliaciones infructuosas sin un plan nacional concreto y eficaz condicionan gravemente la economía de nuestro país.
Los reportes elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera[2] presentan estadísticas directamente relacionadas a la detección de puntos clave para combatir a este flagelo delictivo, la minería ilegal actualmente es el delito que mayor provecho económico mueve en el país, desplazado con creces al narcotráfico, delitos de corrupción, entre otros delitos.
De esa forma, se ha proyectado que la minería ilegal entre los años 2022 a 2025 movilizó $ 2,248 millones, asimismo, entre los años 2012 a 2022 la minería ilegal produjo $ 18,478 millones. En ese sentido, el coordinador de las FEMA advirtió los peligros de la minería ilegal con delitos relacionados a la trata de personas, tráfico de flora y fauna y al crimen organizado, asimismo, resaltó que la minería ilegal genera pérdidas superiores a S/ 22 mil millones anuales, equivalentes al 2.5 % del PBI, lo que en el ámbito de la inversión privada podría generar desincentivos para los empresarios ocasionando graves pérdidas de regalías y tributación para el sostenimiento de la economía del país.
Aunado a la evidente desregulación en materia de sanción a la comercialización de minerales ilegales, se suma las sendas flexibilizaciones en el ámbito administrativo promovido por un REINFO que no ha tenido resultados concretos para lo que fue creado, pese a ello, se ha visto ampliado en múltiples ocasiones pese a su naturaleza excepcional y temporal. De esa forma, los mineros ilegales usan el REINFO para investir a sus actividades delictivas de falsa legitimidad, de ese modo, el minero ilegal continúa en los albores de su negocio ilegal lejos del cumplimiento de normativas, ligera intervención e impunidad. El problema neutral siempre fue: ¿Cómo otorgar beneficios a quienes aún no cumplen de las normas del sector? El punto de partida jamás tuvo que estar dirigido a dar oportunidades a quienes aún no han generado acciones de formalización, sino a quienes sí lo demostraran, pese a ello, esta ideal, aunque de fácil comprensión lógica, no ha sido la base para emprender políticas concretas de la mano con una dirección política dirigida a combatir con eficacia a este flagelo delictivo.
En esa línea, pese a los resultados concernientes a las 1091 condenas logradas por la FEMA en 2024 y 232 entre enero a mayo del presente año, esta situación invita a una profunda reflexión: ¿Estamos, como sociedad y Estado, priorizando la formalidad aparente sobre la efectividad real en la lucha contra el crimen? La flexibilidad excesiva y la falta de un plan nacional robusto para la formalización minera alimentan un ciclo vicioso donde los criminales se benefician, mientras los esfuerzos por proteger nuestros recursos y nuestra economía se ven frustrados. Urge una revisión integral de las políticas y leyes que permita abordar la minería ilegal con la seriedad y contundencia que su impacto merece, reconociendo su complejidad y su profunda conexión con el crimen organizado. De lo contrario, seguiremos sacrificando nuestro futuro por una falsa sensación de control.
[1] Ver noticia en: https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/1205422-loreto-fiscalia-penal-logra-detencion-de-persona-por-posesion-ilegal-de-un-otorongo-muerto
[2] Ver informe en: https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/estudios-estrategicos/analisis%20de%20riesgos/Informe%20N%2000031-2024-DAE-UIF-SBS.pdf
