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El pasado 22 de noviembre se publicó en el diario El Peruano el Decreto Legislativo N.° 1585 que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, y una serie de decretos legislativos, con la finalidad de reducir los niveles de hacinamiento carcelario.

En esta ocasión, nos centraremos en las modificaciones realizadas al Código Penal, entre ellas tenemos las siguientes:

  • Artículo 32°:

Enmarcado dentro de la sección de las penas limitativas de derecho, ha experimentado una modificación al incrementarse el margen a cinco años para la aplicación de la pena de prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres de forma sustituta a la pena privativa de libertad.

  • Artículo 52°:

Asimismo, en continuidad con lo mencionado, en este artículo se ha ampliado el margen a cinco años para la conversión de la pena privativa de libertad a prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

  • Artículo 52-B°:

En este artículo ubicado en el capítulo de conversión de las penas, se ha procedido a modificar los márgenes para la conversión de pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal, señalando que esta procede cuando la pena (impuesta o en ejecución) es no mayor a 10 años y en caso la pena (impuesta o en ejecución) sea no menor de 10 años ni mayor de 12 años se aplicará de manera conjunta la pena de vigilancia electrónica con la de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

Por otro lado, se ha agregado un párrafo a este artículo referido al caso de la pena privativa de libertad impuesta en un delito culposo que no supere los 6 años, el juez de oficio o a pedido de parte convertirá la pena por una de vigilancia electrónica; aquí podemos observar que de manera imperativa se le estaría orientando al juez a que, si se cumple con estos requisitos, opte por la vigilancia electrónica, y ya no sea una potestad discrecional como ocurría anteriormente en todos los delitos culposos.

  • Artículo 57°:

En relación a la suspensión de la ejecución de la pena podemos observar que se ha elevado el límite máximo que permitía esta posibilidad, incrementándose el quantum de la pena a cinco años.

Además, se ha procedido a incorporar un párrafo que hace alusión a que, excepcionalmente, puede aplicarse la suspensión cuando la pena privativa de libertad no sea mayor a ocho años si el autor o partícipe carece de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito. Se infiere de tomar como base esta edad, que el legislador consideraría que el sujeto en tal situación representaría una menor peligrosidad y, de otro lado, todavía se encontraría en una edad que le permitiría una mejor socialización en libertad.

Por otro lado, también se aumentó el límite máximo de aplicación de la suspensión de tres a cuatro años, extendiendo así el ámbito de este beneficio; por otro lado, se precisa que, en el caso de la excepcionalidad recogida en la modificación, la suspensión puede extenderse hasta siete años.

  • Artículo 62°:

En el capítulo de la reserva del fallo condenatorio, también se elevó el quantum para su aplicación a delitos que se encuentren sancionados hasta con cuatro años de pena privativa de la libertad. Asimismo, en similar sentido que, para la suspensión de la pena, se ha procedido a agregar un párrafo adicional que menciona que, excepcionalmente, se podrá aplicar esta figura cuando la pena no sea mayor a siete años, pero se debe cumplir los mismos requisitos anteriormente señalados, esto es, que el sujeto carezca de antecedentes y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito. De igual modo, se refirió que para la reserva del fallo el plazo será de tres años y si estamos ante el supuesto excepcional se podrá extender hasta los 6 años.

Estos cambios reflejan la alineación con el propósito que inspira el decreto legislativo: la reducción del hacinamiento en las cárceles, uno de los desafíos principales en las instituciones penitenciarias. El enfoque busca facilitar la conversión, suspensión o reserva del fallo de la pena privativa de libertad, priorizando otras formas de sanción. Ahora bien, el hacinamiento en las cárceles configura una problemática latente que implica no solo una potencial violación de derechos fundamentales, sino también un costo considerable para el Estado, dado que si seguíamos en la línea represiva y abuso de la pena privativa de libertad hubiera sido necesario construir más centros penitenciarios para albergar a una creciente población carcelaria.

Por otro lado, no solo se ha modificado el Código Penal, sino que se ha procedido a incorporar dos artículos: el 208-A y el 413-A.

En relación al primero, se ha tratado de atenuar los delitos contra el patrimonio, a excepción de los artículos artículos 189 (robo agravado) tercer párrafo, 200 (extorsión) noveno párrafo, y 204 (formas agravadas de usurpación) numeral 10 del primer párrafo, se contempla que, si el valor del bien no sobrepasa el cinco por ciento de la UIT o la violencia o amenaza es mínima o insignificante, o se emplea armas simuladas o inservibles se disminuye la pena concreta, por única vez, en un sexto de la pena mínima establecida por el delito, y, en caso hubiera reparado el daño ocasionado espontáneamente o hubiera devuelto el bien se disminuirá un séptimo de la pena. Esta incorporación también se alinea con el propósito de la normativa, ya que los delitos contra el patrimonio son de los más frecuentes. En consecuencia, las cárceles suelen albergar a un gran número de reclusos por este tipo de infracciones. Sin embargo, no me encuentro de acuerdo con el presupuesto de que se va a disminuir la pena en caso el agente habría ejecutado el delito empleando armas simuladas o inservibles, ya que, conforme fue establecido en el Acuerdo Plenario N.° 5-2015, en un arma de juguete no se puede apreciar su autenticidad a priori o si se encuentra cargada o no, no pudiéndosele negar su idoneidad para la consecución de los objetivos del agente, por lo que no parece apropiado que una persona que se basa en este supuesto, venciendo la resistencia de la víctima, colocándose en una situación de ventaja, sea benefactor de una disminución en la pena.

En cuanto al otro artículo añadido, es en relación a la afectación del sistema de vigilancia electrónica personal, el cual estaría en consonancia a las otras modificaciones realizadas, ya que, en mérito a estas, esta figura será utilizada con mayor frecuencia, por tanto, su incorporación estaría en línea a que los sujetos beneficiarios no dañen, destruyan o inutilicen el dispositivo electrónico o bloqueen su funcionamiento.

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