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El pasado 24 de enero de 2024, se publicó la Ley N.° 31982 que incorpora y regula el delito de construcción o modificación ilegal de embarcaciones pesqueras, asimismo se modificó el Decreto Legislativo N.° 1393 que regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca.

Antes de iniciar el comentario, es necesario precisar cuál fue la política criminal que motivó a dicho cambio legislativo. De la exposición de motivos del decreto modificado se evidencia que su objetivo, a través de la incorporación de un nuevo delito al Código Penal, obedece a una política de lucha frente a la depredación de los recursos hidrobiológicos que genera la pesca ilegal.

Ante lo mencionado, pasemos a analizar este nuevo delito:

  • De su redacción típica tenemos que:

“El que, infringiendo las leyes o los reglamentos, construye o hace construir una embarcación pesquera o modifica su capacidad de bodega, durante periodos de prohibición o sin contar con la autorización respectiva de la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa.”

En este primer párrafo, al igual que en los siguientes, se establece una prerrogativa general para la configuración del delito, primero se ha de quebrantar normativas extrapenales para la constitución del supuesto típico. Con lo mencionado, adquiere sentido la modificación del Decreto Legislativo N.° 1393 que trae la presente ley, ya que incorpora el supuesto de construcción o modificación ilegal de embarcaciones pesqueras al catálogo de actividades que son consideradas como pesca ilegal.

  • Siguiendo con el desarrollo del primer párrafo, se entiende que existen dos modalidades para que se manifieste el presente delito. La primera va dirigida a la construcción de embarcaciones, se evidencia que será sancionado penalmente el que construye o el que manda construir las embarcaciones sin contar con las autorizaciones pertinentes. El trámite de autorización de construcción, independientemente del tipo de embarcación, se realiza ante el Ministerio de la Producción y al que se deberá adjuntar a la solicitud las especificaciones de la embarcación o las modificaciones que se hagan a la capacidad de carga[1].

En consecuencia, esta sección del delito va dirigida a combatir la construcción ilegal de embarcaciones sin importar si es de escala artesanal, menor escala o mayor escala.

  • El segundo supuesto está referido a sancionar las modificaciones que se hagan a la capacidad de la bodega cuando no se tenga la autorización respectiva o cuando se realice en época de prohibición.

Al igual que con la solicitud de construcción, las solicitudes de modificación por incremento de la capacidad de bodega requiere autorización previa del Ministerio de la Producción para su ejecución[2], en dicho trámite se debe adjuntar las especificaciones que van a ser objeto de modificación.

Luego de ello, para su funcionamiento, las embarcaciones modificadas tendrán que solicitar el permiso correspondiente para reanudar su actividad pesquera, con un plazo máximo de un año desde que se realizaron las modificaciones[3], dicho trámite se hace ante la autoridad competente, ya sea la Dirección Regional de Pesca, si se trata de embarcaciones artesanales o ante el Ministerio de la Producción, si se trata de embarcaciones de menor o mayor escala.

En consecuencia, queda claro que este supuesto es transversal a todo tipo de embarcaciones; además de ello, el Ministerio de la Producción ha publicado la  lista oficial de embarcaciones y sus respectivas capacidades de carga a través del Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa) y a través de la página web “Consultas en Línea-Produce[4]” para las embarcaciones de menor y mayor escala, con la finalidad de contribuir a la lucha contra la ilegalidad de la construcción y/o modificación de embarcaciones que atentan contra la sostenibilidad de los recursos Hidrobiológicos.

De lo advertido hasta al momento, se tienen dos filtros a nivel administrativo para prevenir el delito bajo comentario. El primero es solicitar autorización al Ministerio de la Producción tanto para comprar y/o construir embarcaciones como también para efectuar modificaciones a la capacidad de bodega. El segundo es que una vez realizadas las modificaciones se ha de tramitar un nuevo permiso de pesca para reanudar su actividad, dentro de este procedimiento el Ministerio de la Producción inspeccionará las modificaciones realizadas y dará fe de su veracidad, dicho procedimiento permitirá una doble verificación con relación a la fiabilidad del contenido de las autorizaciones con respecto a la realidad[5].

No obstante, a manera de ejemplo, puede darse el supuesto donde una embarcación, con capacidad de bodega inicial de 3m3, modificada clandestinamente 5m3, vuelve de realizar su actividad pesquera y es intervenida en el puerto. ¿Entonces, cómo proceder si no tenemos la normativa administrativa actualizada?

Si bien es cierto con los documentos actualizados sería más sencillo la persecución del delito, también es cierto que es poco probable, por las máximas de la experiencia, que los funcionarios del Ministerio Público corroboren in situ la modificación de la capacidad de carga que ha sufrido la embarcación; por lo que se hace imperativo la realización de una pericia para la confirmación de la alteración. Sin embargo, como lo mencionamos líneas arriba si la política criminal que motiva esta reforma es la de frenar la depredación de los recursos hidrobiológicos, entonces no es conveniente que se intervenga luego de la labor de pesca sino antes de la misma, convirtiendo este supuesto, en apreciación del comentarista, en un delito de peligro abstracto y siendo necesario un aumento de punibilidad (agravante) cuando la intervención haya sido luego de haber realizado la actividad pesquera por desnaturalizar la política criminal que motivó la presente reforma.

  • En el segundo párrafo se observa que se sanciona al adquirente (comprador-propietario), al que custodia o transporta una embarcación que fue construida sin los permisos requeridos o que tenga la capacidad de bodega alterada, siendo necesario, en los dos últimos supuestos, que la persona involucrada pueda presumir su irregular proceder. Concordamos con el primer supuesto debido a que quien adquiere una embarcación de quien no cuenta con la autorización pertinente, tiene el conocimiento de que dicho producto no es acorde a derecho y, en consecuencia, su conducta es sancionable penalmente.

Respecto a los siguiente otros dos supuestos se tendría que precisar que no todos los tripulantes de una embarcación podrían ser pasibles de una sanción penal. Recordemos que, en virtud del Principio de Culpabilidad, principio tipificado en el art. VII del Título Preliminar de nuestro Código Penal, la responsabilidad en al ámbito penal es la de autor y este quien responderá penalmente.

Teniendo claro aquello, los únicos quienes serían penalmente responsables, teniendo en cuenta la morfología del delito bajo comentario serían los titulares del permiso de pesca de las embarcaciones pesqueras, los titulares de las licencias de operación debido a que ellos, dentro de su esfera de dominio, habrían infringido las leyes o reglamentos para construir o hace construir una embarcación pesquera o modifica su capacidad de bodega con la finalidad de beneficiarse acosta de la legalidad.

Con el marco delimitado, la crítica a este segundo párrafo es con respecto a los términos “custodia y transporta” que hacen referencia a determinadas actividades. Según la RAE el primer término implica vigilancia mientras que el segundo implica mover un objeto de un lugar a otro. Tras lo mencionado cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿los encargados de dichas actividades podrían ser sancionados penalmente? La respuesta claramente es negativa debido a que dentro de una organización uno espera que sus compañeros y, sobre todo, superiores actúen de manera acorde a derecho (principio de confianza).

El razonamiento esbozado en el párrafo precedente es reforzado por el   art.7[6] y art. 8[7] del Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento Sancionador de las Infracciones en las Actividades Pesqueras y Acuícolas, donde se menciona y delimita el ámbito de competencia de quien realiza las inspecciones y de quien, por parte de la embarcación, será el representante o encargado que constate las acciones a desarrollar durante la inspección. Y es, justamente, dentro de estas dos esferas competenciales, donde se podría faltar a la verdad y alterar la información de la embarcación, siendo los involucrados en esta esfera competencial quienes punibles penalmente mas no quien “custodia o traslada” la embarcación, incluso la misma redacción del tipo penal así lo reconoce con la frase “conociendo o pudiendo conocer” su ilegal proceder. En consecuencia, en este apartado no es clara la intensión del legislador, ¿trataba de cubrir un vacío de punibilidad o solo evidenciaba su falta de claridad en el ámbito penal?  

  • Con respecto al tercer párrafo, se sanciona al que promueve o facilita la comisión de este delito mediante el financiamiento o la provisión de materiales, equipos o maquinaria para la modificación de la capacidad de bodega o para la construcción de una embarcación, aplicándose la misma pena que en el primer párrafo.

Con lo precisado, podemos manifestar que este tercer párrafo pudo ser omitido debido a que los supuestos que plantea pudieron ser asumidos por las reglas de la autoría y partición que ya se encuentran en nuestro Código Penal, aquel detalle y las observaciones planteadas previamente denotan poca claridad y conocimiento por parte del legislador al momento promulgar cualquier reforma.

Continuando con lo mencionado, debemos advertir otra falencia en este apartado debido a la redacción de los dos supuestos: Financiamiento o provisión de materiales. Dichas descripciones típicas no pueden ser tratadas con la misma punibilidad con la que se sanciona al autor del delito, más aún que de una lectura rigurosa de este tercer párrafo se observa que dichas modalidades típicas corresponden a las figuras del instigador y cómplice secundario respectivamente, cayendo así en contradicción con el art. 25 del Código Penal.

Se entiende que el autor de este delito es quien construye o hace construir las embarcaciones ilegales, cómplice primario quien ayuda a la construcción de dicha embarcación, a sabiendas que no cuenta con la autorización respectiva pues sin su aporte no se podría haber realizado dicho fin.

Si bien el instigador (financista) le corresponde la misma pena del autor, el problema surge cuando se habla de provisión de materiales ya que por lo general estos son obtenidos por terceros ajenos al rubro (fabricación de embarcaciones) y también ajenos a una persecución penal en virtud del principio de prohibición de regreso. Para la configuración de este supuesto, primero el proveedor tendría tener conocimiento de la actividad delictiva que se realiza con el suministro que él les da, desde ya es poco probable aquello debido a que nadie se pone a pensar la finalidad que le darán a los bienes entregados (principio de confianza). El único contexto aplicable para este supuesto seria dentro del marco de la criminalidad organizada; es decir, que el proveedor tenga conocimiento de la finalidad ilícita que le den a los productos proporcionados y a sabiendas de ello siga suministrándolos.

Nuevamente notamos que la presente reforma contiene falencias no solo en el aspecto de conocimiento y aplicación de la norma penal sino también evidencia contradicciones al no precisar procedimientos y métodos concordantes con la política criminal que le dio origen, solo el tiempo determinará su eficacia o será una norma estéril que solo se queda en el papel como muchas otras que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico.


[1] Reglamento de la Ley General de Pesca: Artículo 37. Autorización de Incremento de Flota

37.1. La construcción, incluida la modificación por incremento de la capacidad de bodega, o adquisición de embarcaciones pesqueras requiere autorización de incremento de flota otorgada por el Ministerio de la Producción, previamente a su ejecución.

[2] Reglamento de la Ley General de Pesca: Artículo 37. Autorización de Incremento de Flota

37.1. La construcción, incluida la modificación por incremento de la capacidad de bodega, o adquisición de embarcaciones pesqueras requiere autorización de incremento de flota otorgada por el Ministerio de la Producción, previamente a su ejecución.

[3] Art 28-A.3.- Del Reglamento de la ley general de Pesca.

El otorgamiento del permiso de pesca a embarcaciones pesqueras de bandera nacional de menor y mayor escala, o la modificación de la capacidad de bodega vía incremento de flota, se solicita dentro del plazo de un (01) año contado a partir de la acreditación del término de construcción, modificación o adquisición de la embarcación pesquera.

[4] https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/embarcacion

[5]  Art. 28-A.3.2.- Del Reglamento de la ley general de Pesca.

En el marco de la tramitación del otorgamiento o modificación del permiso de pesca, el Ministerio de la Producción realiza una inspección técnica para verificar el cumplimiento de las características y parámetros autorizados en el incremento de flota correspondiente. Los gastos por concepto de pasajes y viáticos para el desplazamiento de los servidores a cargo de la referida inspección técnica, son asumidos por el administrado.

[6] Artículo 5.- Calidad del Inspector

El inspector acreditado por el Ministerio de la Producción o por las Direcciones Regionales de Producción tiene la calidad de fiscalizador estando facultado para realizar labores de vigilancia e inspección de los recursos hidrobiológicos en las actividades pesqueras y acuícolas en zonas de pesca, puntos de desembarque, embarcaciones pesqueras, establecimientos industriales, centros acuícolas, centros de comercialización, astilleros, garitas de control, camiones isotérmicos, cámaras frigoríficas, almacenes de aduana y todo establecimiento o vehículo de transporte relacionado con dichas actividades

[7] Artículo 8.- Procedimiento de la Inspección

Previo al inicio de sus labores, el inspector deberá solicitar la presencia de un representante o encargado de la unidad a inspeccionar, para que constate las acciones desarrolladas durante la inspección.

Durante la inspección, los inspectores comisionados realizarán las verificaciones que estimen necesarias y cuando se requiera tomarán las muestras de los recursos hidrobiológicos, según las Normas de Muestreo, registrándose los resultados en el Parte de Muestreo correspondiente.

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